La Corte Constitucional de Colombia ha ordenado restablecer la actividad en la plaza de toros Santamaría de Bogotá (que pertenece al gobierno municipal desde que sus propietarios la donaron a la ciudad) y así comenzará el proceso de su reapertura de forma inmediata para celebrar festejos taurinos sin ninguna restricción o cambio en la lidia, como pretendían los grupos antitaurinos.

La noticia ha generado un gran alborozo en el planeta de los toros, debido a la importancia histórica y taurina de este coso, emblema de la América taurina desde su inauguración hace 90 años, y que desde junio de 2020, en plena pandemia, estaba a la espera de que el Concejo de Bogotá aprobara una proyecto que prohibía la muerte de los toros en la plaza, y se eliminara el uso de puya, banderillas y espada. Vamos, un remedo de corrida que, afortunadamente, no prosperó.

Cabe recordar que en el año 2017, la Corte Constitucional estableció que se deberían respectar los festejos taurinos en aquellos municipios donde hubiera tradición de dar toros, como un hecho derivado de su arraigo cultural. Y desde entonces la plaza Santa María dio toros de la mano de uno de sus grandes defensores, al abogado y empresario Felipe Negret, que cedió la batuta a la empresa mexicana Casa Toreros en los últimos años que hubo toros en la capital de Colombia.

El acuerdo mencionado, que había sido firmado por la senadora Andrea Padilla, perteneciente al partido Alianza Verde, tenía la intención de "desincentivar las prácticas taurinas autorizadas en el Distrito Capital y contribuir a subsanar el déficit normativo de protección animal y fortalecer la cultura de los derechos de los animales.

Además, esta iniciativa pretendía que se redujera la celebración de festejos y subir el impuesto del 10 al 20 por ciento, así como otros requisitos absurdos, como era destinar parte de la publicidad, pagada por la empresa, a anunciar el "maltrato animal" como parte de las corridas. Todas estas artimañas iban a obligar a que nadie se presentara a licitarla para dar toros.

Este es un paso muy importante para los toros en Colombia, que recientemente dio sus prestigiosas ferias de Cali y Manizales que también se han visto amenazadas (sobre todo la primera), y también esta resolución servirá para dejar entrever en otras latitudes, la relevancia de respetar a la tauromaquia.

Asimismo, es un duro golpe para el presidente Gustavo Petro, que hace diez años, cuando era alcalde de Bogotá, fue un ferviente atacante de la tauromaquia y comenzó una cruzada antitaurina utilizando su poder político. Sin embargo, hoy las cosas han cambiado y los aires soplan a favor de la legalidad de los toros.