Hace algunos meses se publicó en el Perú un libro breve cuyo título es "Derecho y Cultura Taurina" cuya autoría corresponde al gran aficionado y abogado Jaime de Rivero y Bramosio, la obra llegó a nuestras manos hace algunas semanas y la revisamos con cuidado y atención, en consideración del momento de sensibilidad que a nivel global vive la Fiesta de los toros. Dada la importancia del contenido del texto resulta válido compartir varias de las valiosas reflexiones de su autor.

Mundialización y avasallamiento cultural

La tendencia unificadora de la cultura occidental contiene una carga de autoritarismo: todo aquello que no se ajuste  a los patrones de progreso y modernidad tiende a ser descartado o eliminado. Este peligroso proceso hacia el etnocentrismo ha sido potenciado vertiginosamente por la globalización, al punto que  se ha convertido en una amenaza apremiante para las culturas minoritarias. 

Al respecto, Carlos Iván Degregori (2004:2) afirma:  "En estas últimas décadas se producen un conjunto de transformaciones que dan origen al fenómeno que hoy se conoce como globalización. Unas de las caras de esa globalización es efectivamente la homogenización, e incluso la uniformización: en todos los rincones del planeta se consume Coca-Cola, Mac Donalds y las canciones de MTV"..

Sin duda, esta forma de imperialismo cultural también propicia la deformación de la imagen de las tradiciones ancestrales, para que la población las perciba como bárbaras, anacrónicas o inútiles. La consecuencia de este proceso es la pérdida de la identidad cultural, que facilita la uniformización de las culturas.

La corriente antitaurina encarna claramente este propósito,  pues hace evidente como los ideales de otra cultura han penetrado en nuestra sociedad, enfrentando a algunos individuos con sus raíces e identidad. Y es que la cultura dominante le ha asignado un valor absoluto a la protección de ciertos animales, sin admitir divergencia. La intolerancia surge para rechazar que el sacrificio del toro sea un  valor aceptado en otro grupo humano, y discriminarlo como bárbaro e inculto (Rivero 2012).

Es así que durante la última década la tauromaquia ha sido víctima de una despiadada compaña de desprestigio que se ha valido de la mentira y el fomento del odio. A través del ciberespacio se han difundido las patrañas más descabelladas con la finalidad de que la población rechace las corridas de toros. Se han inventado maltratos al toro antes de salir al ruedo, la muerte masiva de caballos e, incluso, se ha repetido hasta el hartazgo una frase apócrifa dolosamente a la Unesco. La intolerancia también ha quedado patente en  la violencia y el desprecio –cuando no insulto– hacia los toreros y aficionados, a través de múltiples medios.

El desafío a la cultura dominante

La corrida de toros es portadora de un antivalor de la cultura dominante: el sacrificio de un animal es un acto público. Tanto o más que el maltrato al animal, a los opositores les perturba la celebración del rito taurino: que las personas asistan a un espectáculo en el que –en su opinión- “se admira la muerte”.

Al respecto, la dualidad ética de la cultura occidental en relación con el trato a los animales juega un rol fundamental en esas apreciaciones. La cultura dominante está cimentada sobre el abuso inmisericorde de  miles de  millones de animales tanto para cubrir necesidades alimenticias  como para satisfacer placeres gastronómicos, suntuosos, recreativos y muchos otros.

Esta verdad se oculta al interior de las granjas y los mataderos, donde los animales  padecen una existencia sufrida y miserable en forma permanente. Tal terrible realidad se escuda en el discurso formal que promueve el cariño y respeto hacia los animales, o en propuestas como la prohibición de las corridas de toros.

La tauromaquia desafía a la sociedad  no solo porque consuma una práctica que transgrede uno de los valores oficiales, sino porque es capaz de mostrar con autenticidad la muerte del animal, restregando esa contradicción ética que la cultura dominante se esmera en disimular y no puede solucionar.

En este contexto, existen movimientos organizados que son portavoces de una cultura dominante que pretende eliminar a otra. Este “avasallamiento cultural” siempre ha existido y es responsable de la pérdida de gran parte de la riqueza cultural de la humanidad. Y hoy es más peligroso, porque el intercambio de información es más veloz y puede penetrar fácilmente en otras culturas.

La corriente mundial de protección de las culturas  

En contrapartida a esta amenaza, los derechos culturales se han fortalecido en la última década y dado lugar a una corriente mundial de lucha por la protección de la diversidad cultural que lidera la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y que es avalada por la comunicada internacional, que casi en su totalidad se ha adherido a los tratados multilaterales celebrados para regular esta materia. Estas normas obligan a proteger las culturas ante los embates de este lavado perverso de la globalización.

En efecto, una de las misiones de la Unesco consiste en garantizar el espacio y la libertad de expresión de todas las culturas del mundo, como mecanismo para el mantenimiento de la paz. Este organismo promueve la interculturalidad, que es el proceso de interrelación entre  las distintas culturas a través del respeto y el reconocimiento de las diferencias. La corriente mundial propugna la protección y respeto de las diversas culturas. Por lo tanto, las propuestas antitaurinas devienen anacrónicas, al pretender destruir una cultura que no se ajusta a los estándares de la cultura dominante.

En esta línea de razonamiento, el Consejo Constitucional de Francia ha ratificado la legalidad de las corridas de toros que se celebrará en cuatro regiones de ese país desde hace casi 200 años, a través de una sentencia emitida el 21 de septiembre de 2012. El llamado “Tribunal de Sabios” declaró que es constitucional la excepción a la ley penal sobre maltrato animal, que permite las corridas de toros y peleas de gallos en las localidades donde su práctica es continua.

De igual modo, la Corte Constitucional de Colombia se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre el carácter cultural y la protección que merecen las corridas de toros, a partir de la sentencia C-1192 del año 2005. En el mes de octubre del 2012, la corte volvió a resolver a favor de la fiesta brava, impidiendo la política discriminatoria e intolerante del Alcalde de Bogotá, que se negaba a ceder la plaza de toros Santa María para la celebración de los festejos taurinos, costumbre, costumbre que se mantiene desde su inauguración en el año 14931.