La euforia por los amparos antitaurinos sigue su curso, y ahora toca turno a la plaza “Nuevo Progreso” de Guadalajara de defender sus derechos, y con ello a la afición tapatía que goza, en este escenario, de un prestigio ganado a ley a lo largo de los años, en uno de los cosos más respetables del país en cuanto a la presentación de sus encierros y seriedad a la hora de conceder trofeos a los toreros.

Y ante esta alevosa plaga de ardides judiciales, que han seguido el camino que emprendió Justicia Justa en la Ciudad de México, con Luis Pérez de Acha como el abogado artífice de esta rocambolesca estrategia legal, otras agrupaciones, subvencionadas por instituciones animalistas trasnacionales, han continuado atacando a la Fiesta desde dicha trinchera.

Lo más lamentable es que los jueces de distrito sigan pretendiendo legislar desde la judicatura, con una ausencia de ética profesional, ya que no exigen fianzas a los quejosos, mismas que servirían para garantizar, en caso de perder el juicio, la reparación de los daños cometidos en contra de las empresas taurinas.

Entretanto, debemos estar atentos a la sesión programada el miércoles 6 de diciembre, donde los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolverán si procede o no la suspensión definitiva del acto reclamado por Justicia Justa en torno a la Plaza México.

De antemano se sabe que el proyecto de ley será redactado por la ministra Yasmín Esquivel, que en dos ocasiones anteriores ha mostrado congruencia con sendos casos relacionados con la tauromaquia (el de la entrada de menores en Tijuana, así como el del Patrimonio Cultural Inmaterial en Nayarit), así que todo apunta que sus argumentos podrían favorecer a la causa taurina.

Si al final de esta sesión la votación de los ministros nos es favorable, de inmediato se revocaría la suspensión definitiva que pesa sobre el otorgamiento de permisos, por parte de la Alcaldía Benito Juárez, para la celebración de festejos taurinos en la Plaza México, y en ese momento la empresa del coso de Insurgentes estaría en su legítimo derecho de solicitar la autorización para organizar un evento taurino.

Por otra parte, este fallo a favor de la tauromaquia crearía un sólido precedente que los jueces de distrito tendrían que considerar a la hora de denegar amparos similares a los quejosos de provincia, cuyo falaz argumento jurídico es que la Fiesta Brava es una actividad que atenta contra un medio ambiente sano.

Ojalá que pronto se haga justicia al respecto de este espinoso asunto, a reserva de que los respectivos juicios de amparo abiertos en distintos estados del país, sigan su curso hasta que se resuelvan de manera definitiva. Debemos confiar en la honradez de los ministros y que, de una vez por todas, su veredicto contribuya a detener este hostigamiento judicial al que nos están sometiendo de manera arbitraria y descarada.