El asunto jurídico que mantiene cerrada a la Plaza México no deja de inquietar a los profesionales, pues desde el 15 de mayo de 2022 no ha vuelto a haber toros en el coso capitalino. Son ya más de siete meses el tiempo que no ha sonado ese estremecedor ¡olé! al iniciar el paseíllo, con el fondo musical de "Cielo andaluz".

Y cada día que transcurre sin toros en dicho escenario, la espera comienza a ser desesperante, quizá tanto o más que en esos meses en que la pandemia provocada por el Covid paralizó al mundo. De esta guisa, este inesperado cierre viene a sumarse a los otros tres largos períodos registrados en los 77 años de historia de la plaza en que, por uno u otro motivo, no ha habido toros.

Entretanto, el Tribunal Colegiado que revisa el juicio de amparo todavía no ha tomado una decisión al respecto de la denominada "suspensión definitiva" del acto reclamado, y en la última audiencia no se votó al respecto de la misma.

Observando cada una de las dos recientes sesiones de dicho tribunal, se puede colegir que el magistrado presidente, Gaspar Paulín, es el único de los tres abogados que está actuando con una ética profesional acorde a lo que cualquier ciudadano esperaría de tal investidura.

En cambio, sus colegas, los magistrados José Ángel Mandujano y Juan Manuel Díaz, han esgrimido una y otra vez, argumentos más parecidos a los que utilizan reiteradamente los voceros de los grupos animalistas que están repletos de las mismas falacias que, a fuerza de repetirlas con una vehemencia antipática, han hecho creer a la sociedad que son verdad.

En el fondo, debemos insistir en la actual legalidad de la Fiesta, legitimada a través de la Ley para la celebración de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México, así como en el reglamento taurino de la capital. Y también es imperativo hacer ver a la opinión pública el grave atropello en el que han incurrido, tanto el juez que admitió el amparo presentado por Justicia Justa, como los dos magistrados que pretenden legislar desde la judicatura.

Por si fuera poco, la visceral actitud de estos funcionarios públicos ha vulnerado la economía de miles de familias, por el simple hecho de haber tomado decisiones basadas en gustos personales, más que en argumentos jurídicos de peso.

Y mientras no se resuelva la instancia que está en juego, el perjuicio va en aumento sin que exista una garantía para reparar el daño provocado no solo a los involucrados directamente en la gestión del espectáculo, sino a los miles de empleados directos e indirectos, además de una considerable cantidad de prestadores de servicios, a los que también está afectando la forma de proceder de los responsables de "hacer justicia", en este caso de una manera tan parcial como lamentable.