Hay muchos políticos en España que andan empeñados en borrar la historia, incluso la más reciente, para reescribir la versión que más favorece a sus intereses. Pasa, ya saben, en esa mestiza Cataluña que sus falsos redentores quieren hacer pasar por una nación sometida a la tiranía del resto de los españoles. Pero también en este Madrid plagado de suciedad que los cachorros fascistas de la progresía pretenden convertir en república de perritos, bicicletas y cabalgatas del orgullo gay.

Su estrategia es la del olvido, la de hacer mirar hacia otro lado, la de prohibir lo que no les conviene o contradiga su interesado discurso. En definitiva, eliminar de un golpe de ley todo aquello que estorbe sus intenciones revanchistas al tiempo que, con la polémica, crean una cortina de humo tras la que ocultan su corrupción innata o su propia inoperancia en los asuntos que realmente afectan a la sociedad.

Así es como ya hace cuatro años que se celebró en la Monumental de Barcelona la última corrida antes de la prohibición dictatorial de un Parlament en el que, sintomáticamente, no se permitía hablar del famoso "tres per cent": esas vergonzantes comisiones ilegales que han enriquecido a la élite política catalana que se ha eternizado en la poltrona al cínico grito de "España nos roba".

Aquel 23 de septiembre de 2011, en la señalada festividad de la Merced, los aún agazapados independentistas hacían el último tachón sobre un espectáculo que, durante dos siglos, había sido el preferido de los barceloneses. Mucho antes incluso de la llegada de los charnegos, todos esos emigrantes andaluces, murcianos y aragoneses que contribuyeron con su trabajo mal pagado a convertir Cataluña en la región más rica, y ahora parece que más olvidadiza e insolidaria, de la Península Ibérica.

Con tres plazas funcionando a la vez a primeros del siglo XX, la Ciudad Condal, muy por encima de Madrid o de Sevilla, era la capital española que década tras década más festejos organizaba por temporada, para que los presenciara a tendido lleno una afición sabia y los contaran en toda la prensa catalana, hasta en su idioma vernáculo, los que de siempre se consideraron mejores críticos taurinos del panorama nacional.

Así era la Cataluña torera hasta no hace tanto, con una activísima provincia de Gerona en la que, aprovechando el tirón del turismo, cada fin de semana había dos y hasta tres festejos para un público masivo, y una Tarragona que no se quedaba atrás también sobre el “boom” de sus playas en los meses de verano.

Hasta que a finales de los setenta llegaron los caciques del catalanismo, con la familia Pujol a la cabeza, para ir poco a poco borrando renglones de los libros de historia y sobreimpresionar en ellos las consignas que han llevado a la caótica situación actual de un "estado” en el que, por mucho que vaya a dictaminar el lento Tribunal Constitucional, la fiesta de los toros ya no tiene sentido ni lugar.

Habrá que ir aceptando de manera definitiva ese destierro del toreo de los "paisos catalans", ante el que el mundo del toro apenas ha puesto resistencia, pero vayamos preparándonos para evitar que pase lo mismo en este Madrid de basuras esparcidas y apestado por los orines de las mascotas, del que una minoría radical quiere hacer desaparecer su ingente memoria taurina.

Mientras que la progre y pizpireta abuelita que dirige el ayuntamiento asegura con gran desahogo que no prohibirá los toros ni la feria de San Isidro –entre otras cosas, señora Carmena, porque usted no tiene ninguna competencia para hacerlo–, su equipo de gobierno ha decidido eliminar de un plumazo la rácana ayuda que venía recibiendo la Escuela Taurina de Madrid.

Exactamente son 60 mil euros (alrededor de un millón 152 mil pesos), una cantidad que les parece excesiva pero que debe representar una milésima parte de lo que el propio ayuntamiento, también con el dinero de todos los madrileños, se gasta en bolsas de plástico para que los dueños recojan las caquitas de sus perritos.


Y no sólo eso, sino que los progresistas y airados jóvenes de Ahora Madrid también quieren expulsar del Batán a profesores y alumnos  –igual que los bancos sacan de sus casas a los desahuciados que ellos mismo tanto dicen defender– por evitar que en un recinto municipal se practique el que califican de "maltrato animal".

En su selectivo, resucitado y tardío guerracivilismo, estos políticos de sin caballos ignoran en absoluto lo que esa Escuela ha representado para la capital de España desde su fundación hace casi cuarenta años, cuando un grupo de sindicalistas taurinos, liderados por Martín Arranz, emprendió un duro camino hacia la mejora de las condiciones sociales de los aspirantes a toreros.

Luego, unos políticos verdaderamente de izquierdas, y auténticos luchadores por la libertad en tiempos infinitamente más duros, entendieron el objetivo y tomaron el testigo para amparar, tanto desde el PSOE como desde el Partido Comunista, una iniciativa que acabó convirtiéndose en modelo a seguir en otras ciudades y provincias.

Y no sólo eso, sino que aquella idea inicial ha generado a Madrid tanta fama taurina, por el gran nivel de las figuras y profesionales que han salido de sus aulas, como ingresos a sus arcas de manera indirecta, además de haber contribuido a formar como personas, sobre profundos valores que esta gente considerará pasados de moda, a varias generaciones de adolescentes en peligro de exclusión, tal y como se dice ahora.

Pero que no nos tomen por tontos, porque, por mucho que revistan la cacicada de buenas palabras y seráficas intenciones, detrás de esa decisión del nuevo ayuntamiento de Madrid late la misma intención que albergaba respecto a los toros el nacionalismo catalán: borrar toda parte de la historia reciente que no se ajuste a sus retorcidos intereses particulares o moleste a sus "patrocinadores".