A la temporada taurina en España, ya bajo las primeras lluvias del otoño, apenas le quedan dos semanas en busca de las tablas. Pronto llegarán los balances y las cifras –las escasas cifras a la baja del sexto año de la crisis– de lo sucedido en el ruedo, pero a estas alturas el año 2013 ya nos ha dejado algunas otras certezas.
Y una de ellas, la que en principio debe ser una muy buena noticia, es que la tauromaquia va a tener este otoño una ley de protección cuyas enmiendas se van a votar mañana mismo en el Congreso de los Diputados, en esa carrera de San Jerónimo que pasearon  gallardamente los toreros de antaño.

Es la certeza de una ley bien intencionada pero que parece que va a quedarse entre dos aguas por el permanente e irritante juego a dos barajas del chalaneo político que nunca da una satisfacción plena al pueblo al que debe representar.

Lo poco que se ha ido filtrando sobre su contenido parece apuntar a que será una ley timorata, un texto condicionado también por los intereses parlamentarios de unos políticos que no se han atrevido a dar el paso completo, a defender sin complejos un rito tan profundamente enraizado entre una gran parte de sus votantes.

Son los políticos del Partido Popular, que para redactarla han mirado más hacia Cataluña, con las lentes ahumadas de la estrategia parlamentaria, que hacia los indefensos aficionados a los toros. Y son también los políticos del Partido Socialista, que en su caída electoral temen que un apoyo declarado a la Fiesta les aleje de una quimérica e indefinida base de votantes de izquierda que hace tiempo que perdieron.


Dejemos de lado, pues no merecen mayor atención por su falta de influencia, a esos partidos rojiverdes o independentistas que se muestran a la contra con razonamientos que no merecen tal nombre. Su patente desconocimiento del asunto taurino, declarado en sus falsos y moralizantes argumentos, no es más que la muestra de su desubicación política y su estrechez de miras en medio de este río revuelto.


Así que con los votos de unos y el rechazo de otros es como el toreo será declarado oficialmente Patrimonio Histórico de España… tres siglos después de su consolidación como espectáculo en todo su territorio. Pero no llegará a ese escalón superior de Patrimonio Cultural Inmaterial que pretendía la Iniciativa Legislativa Popular que ha provocado la redacción de esta ley  que se vislumbra inconcreta.


Ya deberíamos saber que  esto es lo que hay: hasta en este momento, una permanente utilización política de la fiesta de los toros, a favor o en contra, por parte de una clase política a la que el espectáculo le quema en las manos, que juega con él como con una patata caliente a la que no se atreve a meter el diente de lleno por temor a las consecuencias.


Que nadie se sorprenda al comprobar, pasada la euforia, cómo esta ley aparente, como parece definirse en sus planteamientos, no llega a implicarse en la defensa del futuro del toreo más allá de lo que lo haga el propio sector interesado.


Los políticos, con la mejor de sus sonrisas y pasándonos la factura del "esfuerzo, van a dejar  para siempre la pelota en nuestro tejado. Si nadie la defiende de una vez desde dentro, no serán ellos los que lleguen al quite de las próximas cornadas. Ya se sabe que estos señores siempre vieron los toros desde el escaño, o desde el callejón, pero nunca saltaron a la arena.